El Gobierno tendrá que indemnizar a Abertis con 1.293 millones por liberalizar la AP-7

A partir del 1 de septiembre, tres tramos de la Autovía del Mediterráneo pasarán a ser gratuitos, pero el Gobierno tendrá que pagar al menos 1.293 millones de euros a la empresa concesionaria por no cumplir los objetivos de afluencia de tráfico.

El Gobierno tendrá que pagar como mínimo 1.291 millones de euros a la empresa Abertis tras liberalizar varios tramos de la AP-7, que son privados y hasta el 1 de septiembre exigirán el pago de un peaje para poder transitar por ellos.

Así lo ha reflejado el Gobierno en su ‘Programa de Estabilidad 2021-2024’ en referencia a los tramos que unen Barcelona con La Junquera, El Papiol con Montmeló y Barcelona con Tarragona. Una indemnización que, según ha reconocido Hacienda, aumentará el ya mermado déficit público de nuestro país.

El Gobierno tendrá que abonar esta indemnización debido a una decisión del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en 2006. En el acuerdo con Abertis, la empresa se encargaría de ampliar estos tres tramos a cambio de un retorno económico importante por una mayor afluencia de coches.

¿El problema? Que esa afluencia no se ha producido y en el contrato firmado entre el Ministerio de Fomento y Abertis había una clásula en la cual figura que el Gobierno debería indemnizar a la compañía si no se conseguía el beneficio esperado a modo de compensación económica.

Ahora bien: ¿por qué decimos que los 1.291 millones de euros son el mínimo a pagar? Por una información que ha desvelado el diario El País. Gracias a ella hemos conocido que desde hace diez años, las empresas dueñas de Abertis (ACS y Atlantia) tienen un pleito con el Estado debido a esta compensación: solicitan que la compensación sea de 3.000 millones de euros.

¿A qué se debe esto? A que Abertis considera que el Estado debe pagarle 890 millones de euros en concepto de compensación por la inversión realizada en ampliar y mejorar la autopista, además de otros 2.061 millones como indemnización por el descenso del tráfico. La suma total es de 2.951 millones de euros, solicitados por la concesionaria en 2019. Ahora, con el descenso radical del tráfico en el ejercicio 20-21 a causa de la pandemia por coronavirus, esa cifra debe ser bastante superior.

El Tribunal Supremo será quien dicte sentencia más allá del 1 de septiembre de 2021, fecha en la que terminará la concesión. Ahí veremos cuál será la indemnización, aunque la única realidad es que ahora mismo, el Estado cuenta con que deberá pagar 1.291 millones de euros y así se lo ha notificado a Bruselas.

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